Detrás de cada caso hay una familia y su hogar. Estos son algunos de los casos —anónimos, para preservar la confidencialidad— de personas que confiaron en nosotros para salvar su casa.
«Un fondo de inversión quería subastar su vivienda»
La hipoteca de esta familia, como la de tantas, acabó en manos de un fondo de inversión: su banco había cedido la deuda y fue ese fondo quien inició la ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, ya camino de la subasta.
Al examinar a fondo la documentación, detectamos que el fondo se había colocado como titular del crédito cuando en realidad solo era cesionario de la deuda. Sobre esa base, solicitamos la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal, apoyada en una denuncia por un presunto delito de estafa, con el respaldo del Ministerio Fiscal.
El juzgado acordó suspender la ejecución con efectos inmediatos, frenando todos los actos dirigidos a la subasta. Además, al tratarse de la vivienda habitual, el fondo no tiene la opción de depositar una fianza para continuar. Hoy la familia conserva su hogar mientras se resuelve la vía penal.
Auto del Tribunal de Instancia de Logroño (Sección Civil), 2 de julio de 2026. Datos personales ocultados para preservar la confidencialidad.
— Familia de La Rioja · 2026
«Una ejecución por una deuda mal calculada»
Una familia se enfrentaba a la ejecución de su préstamo hipotecario. La cantidad que se les reclamaba se apoyaba en cláusulas más que cuestionables: IRPH, intereses de demora, vencimiento anticipado y una liquidación unilateral del saldo por parte del banco.
Existía, además, un procedimiento civil pendiente que discutía precisamente la validez de esas cláusulas. Sobre esa base, solicitamos la suspensión de la ejecución por prejudicialidad civil, defendiendo que no se puede ejecutar a una familia por una cantidad calculada de forma errónea e indeterminada.
El juzgado nos dio la razón. La ejecución queda paralizada hasta que se resuelva la validez de las cláusulas, evitando a la familia un perjuicio irreparable.
Auto de un juzgado de Badajoz, 12 de mayo de 2026. Datos de las partes ocultados para preservar la confidencialidad.
